La UE y las criptomonedas: El próximo organismo de lucha contra el blanqueo de capitales se propone como supervisor de las criptomonedas, el parlamento quiere prohibir los activos PoW

  • La Comisión Europea propone que un próximo organismo de lucha contra el lavado de dinero se encargue de supervisar las transacciones ilegales de criptomonedas.
  • Por otra parte, el Parlamento Europeo ha propuesto prohibir el Bitcoin y otros criptoactivos PoW y servicios relacionados para 2025.

Las autoridades de la Unión Europea (UE), incluida la Comisión Europea, quieren que un próximo regulador supervise potencialmente las criptotransacciones ilícitas. El regulador -la Autoridad contra el Lavado de Dinero (AML) de la Comisión Europea- fue propuesto por primera vez en julio de 2021. Se espera que el grupo inicie sus operaciones en 2024 y sea «totalmente funcional» en 2026.

Según un informe del martes de Bloomberg, varios Estados miembros apoyan que las empresas de criptomonedas estén bajo la autoridad del organismo de vigilancia financiera. El líder es Alemania, y otros son los Países Bajos, España, Austria, Italia y Luxemburgo.

Un diplomático no identificado dice que la medida mejoraría la cobertura de las criptotransacciones bajo las regulaciones financieras de la UE. El funcionario desearía que el grupo de lucha contra el lavado de dinero se centrara en las transacciones transfronterizas de alto riesgo facilitadas por las empresas de criptomonedas, los bancos y otras instituciones financieras. Apoyando este punto de vista está el miembro del Parlamento Europeo Luis Garicano que dijo:

Es clave que el alcance de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente los criptoactivos, dado que es uno de los campos más propensos a las actividades de lavado de dinero.

La UE lucha contra el lavado de dinero facilitado por las criptomonedas

Por el momento, otros Estados miembros de la UE todavía tienen que debatir el marco propuesto. Si se aprueba, el organismo de lucha contra el blanqueo de capitales sería uno de los primeros de su clase en vigilar el lavado de dinero en una zona extensa de Europa.

El lavado de dinero a través de criptoactivos se ha convertido cada vez más en un punto de preocupación para los reguladores de todo el mundo. Un informe de Chainalysis de enero muestra que en 2021 se lavaron criptomonedas por un valor de 8.600 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 25 por ciento interanual.

Por este motivo, Estados Unidos está formando un «equipo especializado dedicado a la criptomoneda» conocido como Unidad de Explotación de Activos Virtuales. Según la vicefiscal general Lisa Monaco, la unidad con sede en el FBI se encargaría de rastrear e incautar los fondos utilizados ilícitamente. Estados Unidos también ha puesto en marcha el Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas (NCET) para investigar los delitos relacionados con las criptomonedas.

Aparte del plan mencionado, la Comisión Europea también presentó el año pasado otra propuesta destinada a combatir las actividades de lavado de dinero con criptomonedas.

Prohibir el Bitcoin y todo lo relacionado con el PoW

Sin embargo, lo que tendría consecuencias nefastas es la reciente propuesta del Parlamento Europeo de prohibir en la UE las criptomonedas basadas en la prueba de trabajo (PoW) como Bitcoin. Los requisitos adicionales de la propuesta son que las empresas de la UE dejen de ofrecer cualquier activo y servicio relacionado con PoW a partir de 2025.

El usuario de Twitter Patrick Hansen califica la medida de «propuesta suicida difícil de digerir», diciendo que «mataría a toda la industria europea de las criptomonedas». En un hilo de tweets, señala que la UE tendría una ventaja competitiva en cripto en términos de soberanía habilitada por la Web3, independencia financiera y reactivación económica:

La economía de la UE está luchando en la era de la web. Nuestra participación en los mercados de valores mundiales se ha reducido a la mitad en los últimos 20 años.

Web3 es LA oportunidad que llevábamos tiempo esperando.

El proyecto de ley está ahora pendiente de aprobación por el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

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